Los Ayuntamientos (Diputaciones) pueden continuar prestando como hasta ahora Servicios Sociales Comunitarios y Especializados (Centros Sociales -Residencias / Centro Ocupacional-, Equipos de Tratamiento Familiar, Servicios Sociales Comunitarios, Drogodependencias).
El Tribunal Constitucional en su sentencia de 3 de marzo de 2016 estima parcialmente el recurso de la Comunidad Autónoma de Extremadura, este es uno de los primeros recursos que sobre la LRSAL han puesto diferentes Comunidades Autónomas, como la junta de Andalucía, Cataluña, Canarias así como 3000 Ayuntamientos.
Entre los puntos anulados se encuentra el que impedía que los Ayuntamientos puedan prestar servicios sociales. Sentencia del Tribunal Constitucional, Madrid, 03/03/2016.
Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad y en consecuencia:
1º Declarar inconstitucionales y nulos el art. 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en la redacción dada por el art. 1.17 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local) y las disposiciones adicional 11ª y transitorias 1ª, 2ª (Asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias relativas a servicios sociales) y 3ª, así como los incisos “Decreto del órgano de gobierno de” y “el Órgano de Gobierno de, incluidos, respectivamente, en las disposiciones transitorias 4ª.3 y 11ª, párrafo tercero, todos de la Ley 27/2013. 2º Declarar que la disposición adicional 15ª de la Ley 27/2013 no es inconstitucional, interpretada en los términos del fundamento jurídico 13 e) de esta Sentencia.
Esta disposición Andaluza con rango de Ley, junto con Decreto-ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, sin olvidar el Acuerdo de 18 de febrero de 2015, de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado – Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con el Decreto-ley 7/2014, Tienen un carácter normativo formal de máximo rango, constituyendo toda una evidencia vinculante en Derecho Positivo.
La Junta de Andalucía incorporó en su Ley de presupuestos de 2016 un artículo que posibilitará una moratoria en la aplicación de la Disposición transitoria segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, donde se estable que a 31 de diciembre la asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias relativas a servicios sociales.
El Proyecto de Ley de Servicios Sociales de Andalucía que se encuentra actualmente en el Parlamento de Andalucía recoge en su Artículo 56.8. Entidades Locales: “Del mismo modo las provincias podrán gestionar, conforme a la planificación y demás facultades de coordinación de la Administración de la Junta de Andalucía, centros y establecimientos de Servicios Sociales Especializados de ámbito provincial y supramunicipal de su titularidad, sin perjuicio de lo previsto en la legislación estatal”.
Con unas Diputaciones que atiendan y presten Servicios Sociales a los Ayuntamientos menores de 20mil habitantes y una legislación en Servicios Sociales de la Junta de Andalucía continuaremos avanzando.
